Juan Ramón Rallo prevé mayor presión fiscal para poseedores de bitcoin en España


Hechos clave:
  • El Estado pone la mirada sobre los activos inconfiscables, entre ellos bitcoin.

  • El seudoanonimato de bitcoin luce como protección ante la confiscación estatal.

Para el economista Juan Ramón Rallo el gobierno de España apunta a ejercer, en los próximos años, una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos que poseen bitcoin. A su juicio, las acciones se dirigen a exigir –en el futuro– el pago de impuestos en moneda fíat con base en las tenencias en criptomonedas que hayan sido declaradas.

A pesar de ello, el especialista considera que por mucho que los estados intenten «controlar lo incontrolable», bitcoin y las criptomonedas han llegado para quedarse. «Y eso, quiera o no el gobierno, le va restar capacidad para parasitar a los ciudadanos».

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En un video que compartió en Twitter este 11 de noviembre, el profesor universitario se pronuncia en torno al ajuste que se hace en España a la Ley 7/2012. Esto en el marco de la reciente aprobación del proyecto de «Ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal».

La medida, que busca establecer un mayor control sobre las criptomonedas, obliga a los ciudadanos a entregar al fisco información detallada de saldos y operaciones que se realicen con bitcoin dentro y fuera de España. Una exigencia que, a juicio de Rallo, constituye «el primer paso de la estocada fiscal que vendrá en las próximas décadas».

Rallo, que también es abogado, opina que estas decisiones tienen mucho que ver con las circunstancias que rodean a la crisis sanitaria, económica y financiera generada por la pandemia de coronavirus.

Es por ello que llama la atención sobre el hecho de que las normativas se planteen en los momentos actuales. Bajo el argumento gubernamental de que «las nuevas circunstancias existentes en el mundo hacen necesario tener un mayor control de las criptomonedas».

Para el economista esas «circunstancias actuales» realmente tienen que ver con el aumento masivo de la deuda pública a causa de la problemática generada por la pandemia. Este hecho ha traído como consecuencia una mayor presión para pagar la deuda y una mayor necesidad del Estado de confiscar la riqueza de los ciudadanos. Por ello, espera que en los próximos años se incremente la actividad confiscatoria.

En su explicación, el especialista menciona las tres formas de confiscación de las posesiones de los ciudadanos que, hasta ahora, suelen utilizarse: incremento de la presión fiscal, generación de inflación, e impago de la deuda.

Para Juan Ramón Rallo cuando los estados se ven presionados por el aumento de la deuda pública, ponen la mirada en activos inconfiscables que sirven como refugio de valor. Fuente: captura canal YouTube.

Además de estos tres mecanismos, en contextos de aumento de la deuda pública, el Estado también pone la mirada en aquellos activos que se consideran inconfiscables, expresa Rallo. Esto, porque al ser resilientes a su capacidad confiscatoria tienden a revalorizarse y se convierten en refugio de valor. Una característica propia de bitcoin y las criptomonedas.

El plan del gobierno español no es confiscar los bitcoins

En su discurso, Rallo aclara que, en el marco del aumento de la presión fiscal, aquellas vías que permiten a las personas escapar del parasitismo estatal se revalorizan. «Y las criptomonedas, especialmente bitcoin, son un ejemplo de esos activos inconfiscables».

El conferencista también recuerda la oferta limitada de bitcoins. Esta oferta restringida de monedas, con el tiempo va a contrastar con un aumento de la demanda. El resultado será el alza de su precio.

Añade así que el plan del Estado no es confiscar los bitcoins, pues no existen mecanismos para obligar a alguien a transferir sus criptomonedas al gobierno.

Lo que sí puede intentar es convertir a bitcoin en la base imponible para tributar, es decir para generar una obligación tributaria en euros que deban serles transferidos al Estado. En este caso, como no puede tomar las criptomonedas sí puede forzar al individuo a que pague el equivalente de sus tenencias en moneda fíat.

Juan Ramón Rallo

Es así como el valor de la criptomoneda se utilizará para fijar la obligación tributaria. De no pagar se impondrá una sanción, que puede llegar a la pena de cárcel. De hecho, ya en el proyecto de ley se establece una multa mínima de 10.000 euros para quienes no declaren sus tenencias en bitcoin, según reportó CriptoNoticias recientemente.

Bitcoin se ha revalorizado en más de 100% en este año, pasando de USD 7.000 a más de USD 15.000. Esta tendencia a revalorizarse puede ser usada para establecer una base imponible. Fuente: Live Coin Watch.

De ahí la necesidad de tener información sobre cuantas criptomonedas tienen los ciudadanos. Esas tenencias se convertirán en un hecho imponible que será cada vez más gravado por las autoridades fiscales, en la medida en que aumenten de precio, acota Rallo.

Justamente porque el Estado no quiere que nos escapemos de sus garras confiscatorias, está requiriendo a los españoles que le informen la cantidad de bitcoins que poseen. Así se va preparando el terreno para poder cubrir la deuda pública que se incrementará en los próximos años.

Juan Ramón Rallo.

Seudoanonimato de bitcoin: protección ante la confiscación

A pesar de que los planes gubernamentales que relata Rallo lucen siniestros, el conferencista asegura que la criptomoneda pionera es un vehículo para protegerse de la confiscación estatal. «Por suerte para todos, bitcoin es un nuevo contrapoder contra los estados omnipotentes», sentencia.

La protección viene precisamente de otra de sus características: el seudoanonimato. El especialista habla de las dificultades que existen para asociar una dirección de bitcoin con una determinada identidad real, lo cual dificulta identificar la cuenta de una persona con exactitud.

Entonces, ¿cómo el gobierno va a saber cuántos bitcoins tiene una persona si ella no se lo comunica voluntariamente?, se pregunta el economista. Responde que la única vía que le queda al Estado es hacer que el contribuyente coopere voluntariamente, declarando el seudónimo (o los seudónimos) que usa en la red. Es lo que se plantea en el proyecto de ley.

Esta normativa de obligar a la declaración es más un intento del gobierno de conseguir que el ratón acuda voluntariamente a la ratonera, que una forma de cazar ratones. Es una llamada impotente a la colaboración de la víctima con el verdugo.

Juan Ramón Rallo.

Pero, «cuánto más extorsiones a los ciudadanos, más van a intentar estos ciudadanos defenderse», expresa Rallo, señalando que una persona puede elegir no declarar todos sus seudónimos. «Y si alguien elige hacer esto no habrá forma de saber cuántas criptomonedas posee realmente», concluye.


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